11/08/2025
A partir de una investigación conjunta entre la Sede Descentralizada de Orán y la Fiscalía de Distrito de Salta, la Justicia Federal formalizó cargos contra 11 personas -entre ellas, una policía provincial- acusadas de asociación ilícita y contrabando de importación agravado.
La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, dictó la prisión preventiva de todos los imputados y ordenó la clausura de la finca "Karina" en Aguas Blancas, desde donde operaba un paso clandestino hacia Bolivia. Gendarmería Nacional quedó a cargo de una consigna permanente en el lugar.
Según el fiscal Marcos Romero, el predio estaba acondicionado para el cruce en gomones de mercadería ilegal -incluso vehículos-, con cobros de hasta $3.000 por vehículo y bulto. El movimiento diario promediaba 300 rodados y 10 bultos por cada uno, además de seis puestos de comida que abonaban $20.000 diarios.
Un informe de ARCA y Aduanas estimó que el circuito ilegal generaba casi $3.000 millones anuales. En los allanamientos participaron 170 efectivos de fuerzas federales, Policía de Salta y organismos aduaneros.
Entre los detenidos están José Suárez, Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis y Alfredo Salazar (prófugo), Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay, esta última policía de la Subcomisaría 9 de Julio de Orán.
Las defensas cuestionaron la medida de prisión preventiva, pero la jueza respaldó la postura fiscal, advirtiendo riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.
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