La ley 3058 y el artículo 132, el origen de la amenaza para Tariquía y otras reservas del país

Activistas, cívicos, comunarios, diputados, periodistas, políticos y hasta el Vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, se han declarado en los últimos días defensores de Tariquía, tras el ingreso de la petrolera Petrobras con la intención de abrir camino e iniciar trabajos en la principal reserva natural de Tarija y una de las más importantes del país.

Los discursos en contra de la explotación de hidrocarburos en esta reserva natural exigen al Gobierno frenar el ingreso de la petrolera y anular el contrato firmado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con Petrobras, para perforar el proyecto hidrocarburífero Domo X3, que según el Gobierno, está a 1.5 km de distancia de la reserva. 

Sin embargo, además del contrato firmado entre la estatal petrolera y la brasileña Petrobras, existe otro elemento principal que permitió que se firme este contrato que hoy pone en riesgo a Tariquía. Se trata de la Ley de Hidrocarburos 3058, misma que en su artículo 132 abre el camino para el ingreso de las petroleras a cualquier reserva natural del país.

El capítulo II de la Ley 3058 en su primera parte dice: “No podrán licitarse, otorgarse, autorizarse, ni concesionarse las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos, en áreas protegidas, sitios RAMSAR, sitios arqueológicos y paleontológicos, así como en los lugares sagrados para las Comunidades y Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios, que tengan valor espiritual como patrimonio de valor histórico, u otras áreas reconocidas por su biodiversidad, establecidas por autoridad competente”.

Sin embargo, un párrafo más abajo de este mismo artículo aprobado por legisladores tarijeños señala que: “se permitirán excepcionalmente actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, cuando el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico (EEIAE) establezca la viabilidad de la actividad en el marco de un Desarrollo Integral Nacional Sustentable”.

Así, la Fundación Jubileo, una de las organizaciones de investigación más importantes del país, señala que cualquier solución formal, técnica y responsable debe comenzar por revisar, reformar o reemplazar la Ley de Hidrocarburos, considerando que no es suficiente cancelar contratos aislados, si es que se mantienen las reglas del juego.

La Fundación afirma que Tariquía estará en riesgo hasta que cambien la Ley de Hidrocarburos 3058, que define para el país un modelo extractivo que prioriza la renta petrolera por encima de la protección del patrimonio natural de Bolivia.