Cuatro tarijeños quedan a la cabeza de los 4 poderes del Estado tras la salida de Romer Saucedo

La salida del país del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, causó un total revuelo en la justicia boliviana pero también en el tablero político del país. Puesto que, ante la acefalía, la tarijeña Rosmery Ruiz, asumió temporalmente la presidencia del TSJ, quedando así cuatro tarijeños en la cabeza de los 4 poderes del estado.

El tarijeño, Rodrigo Paz, es presidente del Estado y comanda el poder ejecutivo, en el legislativo, en la Cámara del Senado, el también tarijeño Diego Ávila es el presidente de la Cámara Alta. La máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es también un tarijeño, Gustavo Ávila y ahora, quien comanda temporalmente el órgano judicial del país, es Rosmery Ruiz. Cuatro tarijeños, dirigiendo los hilos de todo un país.

“El Órgano Judicial no queda descabezado, porque la ley dice que quien asume es la decana”, señaló Ruiz. Asimismo, aseguró que las actividades jurisdiccionales no deben detenerse por la situación generada tras la salida de Saucedo.

“No queda paralizado nada. La Presidencia es la representación del Órgano Judicial, no resuelve causas”, explicó. Ruiz sostuvo que asumirá las funciones de manera provisional hasta que los magistrados adopten una decisión institucional.

Orden de aprehensión

Tras la salida de Saucedo del país, se conoció de una resolución firmada el 3 de noviembre en La Paz que dispone la aprehensión de Romer Saucedo por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

La medida fue librada por los fiscales Daniel Portales y Edwin Sarmiento un día antes de que la autoridad judicial hiciera pública su salida de Bolivia.

Los investigadores señalaron que Saucedo carece de documentación idónea que demuestre un domicilio y trabajo formalmente acreditados en el territorio nacional. Bajo esa premisa, advirtieron la existencia de riesgos procesales como la fuga, la permanencia en la clandestinidad y la posible obstrucción a la justicia mediante la influencia en testigos.