Cámara de Diputados aprueba casi a medianoche préstamo de $us 500 millones del BID

La Cámara de Diputados aprobó a casi medianoche del miércoles el proyecto de ley que autoriza un contrato de préstamo de hasta 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I, es decir, pago de la Renta Dignidad, entre sus principales componentes. La norma será remitida al Senado para su revisión.

"Queda aprobado por mayoría el artículo único del presente proyecto de ley en su estación en detalle, habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y detalle, y siendo la Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión", declaró la primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera, al concluir la votación.

El proyecto aprueba el contrato de préstamo 6131/OC-BO, suscrito el 12 de marzo de 2026 entre el Estado boliviano y el BID. Del monto total, 290 millones de dólares corresponden a un nuevo financiamiento, mientras que el resto proviene de recursos no ejecutados de dos programas financiados previamente por el organismo internacional.

Asimismo, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a asumir el pago de las obligaciones derivadas del crédito una vez que la ley entre en vigencia.

$us 485 millones para transferencias sociales

El principal componente contempla $us 485 millones para garantizar la continuidad e incremento de las transferencias sociales.

Estos recursos permitirán sostener el aumento de la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 500, aplicado mediante el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que actualmente beneficia a aproximadamente 962.700 personas de sectores vulnerables.

Registro Social de Hogares

Otros $us 12,5 millones serán destinados a la creación de un Registro Social de Hogares, que permitirá identificar con mayor precisión las condiciones de vulnerabilidad de la población y mejorar la selección de beneficiarios de políticas sociales.

Espinoza explicó que esta herramienta busca complementar la información del Censo y evitar irregularidades en la asignación de bonos.

“Con este registro ya no habrá esos mecanismos de corrupción”, afirmó la autoridad.

Recursos para auditorías y evaluación

El tercer componente contempla $us 2,5 millones para tareas de administración, evaluación y auditoría del programa, incluidos estudios de impacto exigidos por el organismo financiador.

El préstamo tendrá un plazo de entre 18 y 23 años, con un periodo de gracia y pagos anuales estimados entre $us 40 millones y $us 50 millones. Los recursos estarán disponibles durante las próximas cuatro gestiones.

La norma también establece, tras los acuerdos entre bancadas para esta incorporación, que el Órgano Ejecutivo, mediante los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía, deberá presentar informes semestrales, orales y escritos, a la Asamblea Legislativa sobre el uso, destino y ejecución de los recursos, con la documentación de respaldo correspondiente, hasta la conclusión del programa.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, asistió al pleno de la Cámara de Diputados para explicar los alcances del proyecto y aseguró que el préstamo no será destinado a gastos corrientes, sino al financiamiento de bonos sociales. Durante la sesión, también defendió la creación del Registro Social de Hogares para transparentar la entrega de estos beneficios.